POR SILVIA NAISHTAT
Anticipó que se practicará el martes. Qué dijo
sobre el veto al protocolo de la Legislatura
05/10/12 - 11:01
En una cena
organizada anoche por Consenso Republicano, que dirige el ex presidente de La
Rural, Guillermo Alchourón, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, respondió a
una pregunta acerca de si iba a vetar la flamante ley sobre el aborto no
punible de la Ciudad. Deslizó "soy el jefe del veto", sin
pronunciarse específicamente, y luego sorprendió: "Les quiero contar que
el próximo martes se hace el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires.
Es una mujer de 32 años en un caso que pasó por todas las instancias
legales".
En su voz había
cierto orgullo, pese a que una parte del auditorio lo reprobaba. Había una
masiva asistencia y en una de las mesas, Laura Alonso, legisladora del
PRO, defendía la posibilidad de que una chica de 14 años pueda realizarse un
aborto sin la autorización de sus padres, como lo estableció la Legislatura. "La gran mayoría de los
casos a esa edad son violaciones intrafamiliares ejercidas por el padre o el
padrastro y muchas veces las madres son cómplices del victimario en esas
situaciones siniestras", dijo.
El debate por el
veto o la promulgación de Macri del protocolo que aprobó la Legislatura el 28
de septiembre está encendido. Ayer se publicó en el diario Tiempo Argentino una
solicitada con más de mil firmas pertenecientes a un amplio abanico de partidos
políticos, movimientos sociales, referentes de la cultura y del espectáculo,
periodistas de renombre y académicos, tanto kirchneristas como de sectores de
la oposición al Gobierno nacional, para pedirle que no lo vete. Entre las
firmas figuran las de Víctor Hugo Morales, Jorge Lanata, Ricardo Forster,
Beatriz Sarlo, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, los tres senadores por la Ciudad
(María Eugenia Estenssoro, Samuel Cabanchick y Daniel Filmus), Cecila Roth,
Mercedes Morán, Celeste Cid, Fito Páez, Ernesto Tenembaum, Hebe de Bonafini,
Marcelo Zlotowiazda, Sandra Russo, Juan Pablo Feinmann y Florencia Peña. En
tanto, sectores católicos y evangélicos como el Centro Católico de Bioética y
Evangélicos por la Vida, entre otras ONG, le reclamaron lo contrario: que
ejerza "la prerrogativa constitucional del veto, esta vez en defensa de la
vida de muchas personas".
La ley que regula
el aborto no punible es menos restrictiva que el protocolo vigente, firmado por
el Ministerio de Salud, que establece un plazo de 12 semanas de gestación para
la realización de la práctica y se alinea con el histórico fallo de marzo
pasado de la Corte Suprema de Justicia. La ley también permite que las
mayores de 14 años puedan solicitar el aborto sin la autorización paterna.
¿Qué podemos decir
en cuanto a esto? Desde un punto de vista simplista, pareciera que existen
sólo dos tipos de personas: Las que están contra el aborto y las que no.
Pareciera que existen sólo dos tipos de opiniones sobre el aborto: las que
están a favor y las que están en contra. Pocos temas pueden causar reacciones
tan extremas como este. Abortar es, además de una palabra que hace entrar en
conflicto a la sociedad en nuestro tiempo, un hecho presente y doloroso entre
nuestra juventud.
¿Es verdad que los únicos casos
de embarazo en adolescentes son causa de “violaciones intrafamiliares ejercidas
por el padre o el padrastro y muchas veces las madres son cómplices del
victimario en esas situaciones siniestras”, como dice la legisladora Alonso?
¿Es esa una causa para legalizar que las adolescentes pueden
solicitar un aborto sin autorización paterna?
La ley aprobada por la
Legislatura de la Ciudad que establece un "procedimiento para la atención
integral de los abortos no punibles", además de incurrir en la debilidad
de haber cedido a la indebida presión del fallo de la Corte Suprema -que
excedió sus competencias al exhortar a los poderes públicos a aprobar
protocolos abortistas-, adolece de graves fallas de inconstitucionalidad, entre
otros motivos, por el hecho de modificar ilegítimamente el contenido de la
norma penal -de más que dudosa vigencia- que declara no punibles los abortos
practicados en determinadas condiciones, ya que una modificación de esa
naturaleza sólo corresponde al Congreso. Ello, además de transgredir
determinadas normas incluidas en la Constitución, como son, entre otras, las que resultan de
determinadas declaraciones y
tratados internacionales que tienen vigencia y que protegen la vida humana
desde la concepción, que constituye un derecho inviolable.
La gravedad de
la disposición sancionada se ahonda, no bien se advierte que la ley permite que
desde los catorce años la mujer puede, con la sola
manifestación de haber sido violada,
y sin darle intervención a sus padres, requerir que se le practique un acto de
la gravedad del aborto, dejando así de lado los derechos que les asiste a éstos
con fundamento en el instituto de la patria potestad, contenido en una ley de
carácter nacional -como es el Código Civil-, que no puede ser modificada por
una ley local.
Es sabido que cada vez más
temprano las adolescentes inician su vida sexual, lo que en muchos casos
ocasiona embarazos no deseados en chicas muy jóvenes, que, una vez embarazadas,
no saben qué decisión tomar al respecto. Esto no sucede por ignorar que sin la debida
protección puede suceder, sino porque está presente la idea de que a uno no le
va a pasar. Pero, una vez embarazada, se presenta el dilema de tener su hijo o
suspender el embarazo; en muchos casos ocultándolo a sus padres y
aconsejadas por otras chicas de su edad toman la peor decisión, con el riesgo
que ello implica.
Sin embargo, el “problema” de la
joven embarazada no termina una vez que se interrumpe el embarazo. Quedan en
ella sensaciones de vacío personal, sentimientos de culpa y deseos maternales
frustrados que pueden precipitarlas desde un estrés post-traumático hasta un
conflicto de personalidad mayor.
El problema es serio, y no solo
se trata de despenalizar o no el aborto, sino también de educar a las
adolescentes para que no lleguen a esa situación y, si es que sucede,
brindarles las condiciones adecuadas para que siempre opten por la
vida.
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